El gobierno ha dado muestra, una vez más, de su deseo de controlar el acceso a la información por parte de sus ciudadanos. Lo pretende hacer mediante una ley que obliga a todos aquellos que posean un blog a registrarse en una organización gubernamental creada
ad hoc, pagar una cuota de inscripción, y formar parte de alguna casa editorial, sea mediante contrato o formando una (con los gastos que esto conlleva). A su vez, los bloggers se verán obligados a controlar el contenido de sus blogs, no sólo a nivel de contenido sino también mediante comentarios porque podrían ser sometidos a demandas por difamación e injuria, incluso por contenidos que no son de su autoría. Este intento por censurar la información que circula en Internet, en particular aquella producida y/o distribuida mediante blogs no es llevado a cabo por gobiernos formalmente dictatoriales como el de Birmania, que cortó todas las líneas al exterior durante las manifestaciones ocurridas recientemente; China, donde los blogueros son obligados a dar su nombre al gobierno, y en donde se ejerce la represión contra éstos; o Arabia Saudita, país en donde el gobierno ha creado un directorio obligatorio para todos aquellos que blogueen desde el interior del reino. No, esto no ocurre en la Rusia de Putin o en la Cuba de Castro, sino en un país supuestamente democrático, en donde existe el Estado de Derecho, separación de poderes y se respetan las leyes. Un país que miembro de la Unión Europea y está dentro de los ocho países más industrializados del mundo. Estoy hablando del país desde donde escribo estas líneas: Italia.
El pasado 12 de octubre, el gobierno del Primer Ministro Romano Prodi propuso una ley para regular el sector editorial, la cual fue hecha con la finalidad de promover el "pluralismo informativo,..., entendido éste como la libertad de informar y el derecho a ser informado", así como "enriquecer la producción y la circulación de productos editoriales"[
1], según reza su artículo primero. La realidad es que esta ley trae como consecuencia la restricción de la libre circulación de ideas en vez de su promoción. ¿Cómo hace esto?, pues, definiendo de una forma sumamente vaga y amplia lo que es un producto editorial, incluyendo productos discográficos, audiovisuales y, por supuesto, blogs; y simultáneamente poniendo al mismo nivel empresas editoriales y ciudadanos comunes, es decir, blogueros.
Lo primero lo hacen en el Artículo 2, inciso 1 de dicha ley (la traducción es mía)[
1]:
"Por producto editorial se entiende cualquier producto hecho con la finalidad de informar, formar, divulgar y/o entretener que esté destinado a ser publicado, independientemente de la forma en la que éste es hecho y el medio con el cual éste es difundido."
Ergo, prácticamente cualquier cosa, con la excepción de "aquellos productos editoriales destinados a la información de carácter empresarial, sea para uso interno o público", y de los productos discográficos y audiovisuales que no son manejados por esta ley(Artícolo 2, inciso 2). Con una definición tan amplia cualquier cosa que sea publicada en Internet en Italia es considerado un producto editorial, y sometido a la jurisdicción de esta ley. En otras palabras, el resto del articulado sólo debe garantizar al Estado el control sobre la publicación de contenidos, tanto en Internet como a través de otros medios.
Para poder controlar que se publica, los creadores de la ley definen que es actividad editorial de una forma lo más amplia posible, por supuesto:
"Por actividad editorial se entiende cualquier actividad dirigida a la realización y distribución de productos editoriales, al igual que todo lo relativo a la publicidad que contenga." (Artículo 5)
En pocas palabras, cuando publique este post, estaré llevando a cabo una actividad editorial, y cualquier publicidad que mi blog pueda contener entra dentro del interés de la ley. Como se puede notar, el aire se está enrareciendo con olor a impuestos.
Y para completar el círculo, en el Artículo 6, inciso 1 se crea un "Registro de Operadores de las Comunicaciones" (ROC), en el que están obligados a inscribirse "todos los sujetos que ejerciten una actividad editorial", o sea yo. Pero no hay que temer, porque dicho artículo fue concebido con el fin de garantizar "la transparencia, la libre competencia y el pluralismo". El Estado siempre nos ha garantizado la libertad de pensamiento, ¿verdad?, más cuando está en manos de gente con orientación socialista, ¿cierto?. Porque a pesar que la inscripción en el ROC no se vea como un gran escollo, existe el problema de tener que dar nombre y apellido, perdiendo la ilusión del anonimato, además del pago que conlleva la susodicha inscripción, que no debería ser tanto, sólo los timbres fiscales y esas cosas. ¡Aaah! pero es que ahí no acaba la cosa, porque lo que no es tan evidente son las consecuencias que trae el susodicho registro: como hago un producto editorial (escribo y publico un post), soy considerado una editorial; y como tal debo registrarme, sacar mi partida IVA y todo eso, porque quiero ser independiente, no un empleado. Y si soy una editorial, la ley me obliga a contratar un periodista colegiado como director de ésta para que se haga responsable de lo que aquí se escribe. En otras palabras, mi blogcito es cerrado por falta de fondos porque no puedo cumplir con la ley. Pero eso no es todo, como puedo ser considerado mi mismo editor, mi blog debe cumplir con las normativas que hacen referencia a la difamación e injuria del Código Penal Italiana, artículos 57 y 57 bis:
Artículo 57: Delitos cometidos por medio de impresos periódicas.
Salva la responsabilidad del autor de la publicación y exceptuando los casos de concurso, el director o vice-director responsable, el cual no ejercita sobre el contenido del impreso dirigido por él el control necesario a impedir que por medio de la publicación se cometan delitos, es castigado, a título de culpa, si un delito es cometido con la pena establecida para ese delito, disminuida proporcionalmente no mayor de un tercio.
Artículo 57 bis: Delitos cometidos por medio de impresos no periódicas
En caso de publicaciones no periódicas, las disposiciones que en el artículo precedente se aplican al editor, si el autor de dicha publicación es desconocido o no imputable, serán aplicadas al impresor, si el editor no es indicado o no es imputable [2].
En otras palabras, el dueño de un blog es responsable de los comentarios escritos en éste.
Touché libertad de expresión.
La aplicación de esta ley, como dice el cómico, activista político y bloguero Beppe Grillo [
3], provocaría el cierre de la gran mayoría de los blogs publicados en Italia, incluido este servidor. Este proyecto de ley ha levantado una gran polvareda en la blogósfera italiana, no sólo por ser un proyecto que cercena la libertad de expresión en vez de reforzarla, sino que además muestra la ignorancia de
los burócratas la casta que dirige este país de lo que es el mundo moderno [
4] : "[Italia] es una nación de políticos octogenarios elegidos por jubilados de 70 años. Todos los demás son irrelevantes".
Pero lo peor no está en que quieran protegernos cercenando nuestros derechos, sino que cuando tratan de sacar las patas del barro, empeoran las cosas, tal como lo hizo el autor de este proyecto de ley, Ricardo Franco Levi, quien al ser consultado sobre los problemas para los blogeros que ésta presenta dijo [
3]:
No corresponde al gobierno establecerlo. Será la Autoridad para las Comunicaciones a indicar mediante su reglamento, cuáles sujetos y cuáles empresas tendrán que registrarse. Y el reglamento llegará sólo cuando la ley sea discutida y aprobada por las Cámaras [del Parlamento]"
Por supuesto, el señor Levi usa "Pilatos, ¡su jabón de manos!". Lo más triste es que esta ley fue hecha entre gallos y medianoche, a espaldas de los italianos. Pensando en silenciar a ciertos blogueros incómodos, como el ya citado Grillo (de quien hablaré en otro post), y de ciertas manifestaciones en contra de la casta que gobierna esta país, nacidas en la red.
Lo triste es que cuando estas personas (me refiero al señor Levi) son cogidas con las manos en la masa, no sólo responden con evasivas, sino que proponen nuevas cosas que pretenden subsanar sus errores, pero que hacen que metan la pata aun más profundamente, como es la reforma al artículo 7 de esta ley, cuya versión reformada dice:
"Se excluyen de la obligación de inscripción al ROC los sujetos que acceden a Internet u operan en Internet bajo forma o con productos, como sitios personales o a uso colectivo que no constituyan una organización empresarial de trabajo (las negritas son mías)"
La gran pregunta es "¿qué se entiende por organización empresarial del trabajo?"[
5]. Explico un poco la pregunta: la frase original es
"organizzazione imprenditoriale del lavoro". La palabra "imprenditoriale" en italiano significa tanto ser emprendedor como ser empresario, es decir, no existe la distinción que hay en español. Es ahí donde está el detalle, porque dentro de esta organización se pueden englobar la publicidad y venta de productos
on-line, así como foros, blogs grupales y ¡hasta la misma Wikipedia! [
6]
Toda esta obsesión de control es señal de una sola cosa: la casta se está dando cuenta que el acceso de los ciudadanos a la información los hace más libres. El cambio (para usar una expresión de
Kareta) a infociudadanos ha hecho que los políticos se den cuenta que no pueden manejar las masas a su antojo. El control que ejercían en el pasado está disminuyendo, y tienen miedo por no estar en capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. La muestra de esto fue el V-day (del cual hablaré cuando hable de Grillo).
